El Partido Popular de Manacor denunció, durante la última sesión plenaria, celebrada ayer en el consistorio manacorí, "las sombras de ilegalidad que planean sobre la reciente gestión del equipo de gobierno municipal". La formación lamenta la "falta de liderazgo político" en el Ayuntamiento de Manacor y reclama "soluciones inmediatas" ante "el descontrol y la inacción que impera" en la institución local.

La portavoz popular en el consistorio manacorí, Maria Antònia Sansó, califica de "escandalosas" algunas de las cifras que contempla el Informe resumen anual de control financiero emitido por la Intervención del Ayuntamiento. "De las 4.522 facturas fiscalizadas, 2.362 (por un importe de 6.900.710,56 millones de euros) presentan incumplimientos del procedimiento de contratación, es decir, un 52% de las facturas fiscalizadas por la Intervención no ha seguido el procedimiento legal", apunta Sansó; quién asegura que "aquí ya no vale la excusa de que faltan manos, aquí lo que falta es voluntad política por parte del equipo de gobierno para hacer las cosas bien". En este sentido, Sansó recuerda, también, que, en el mencionado informe, "se duda de la legalidad de varias de las subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento".

A pesar de que la portavoz del PP de Manacor reconoce que "es prioritario revisar qué perfiles de profesionales hacen falta para mejorar la tarea fiscalizadora de la Intervención", Sansó reivindica la importancia de que "haya una fiscalización previa para que determinadas incidencias no se lleguen a producir".

Por otro lado, la formación criticó, ayer, que tampoco "se siguiera el procedimiento legal establecido" a la hora de autorizar la instalación de una barra de bar en una actividad pública de una entidad del municipio en el marco de las Fiestas del Carme de Porto Cristo. "Vaya por delante que el Partido Popular no está en absoluto en contra de que las entidades lleven a cabo aquellas actividades que consideren oportunas", expresa Sansó, mientras que cuestiona "por qué a unas entidades el equipo de gobierno les hace seguir el procedimiento legal, mediante un decreto de autorización, y, en cambio, a otras, no".