El Partido Popular en el Consell de Mallorca exige al Gobierno de España la derogación de la obligatoriedad de la implantación de la tasa de residuos contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

 La normativa impone a los municipios la obligación de cubrir el 100% del coste de la recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa, “una medida atenta contra la autonomía municipal y castiga a los ciudadanos con un aumento de la carga fiscal”.

Así lo expone la moción presentada por el portavoz adjunto, Bernat Vallori, acompañado de la portavoz, Núria Riera; el alcalde de Santa Maria, Jaume Ferriol; la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer; el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, y el alcalde de Estellencs, Bernat Isern. La moción se hará extensiva a todos los municipios.

El portavoz adjunto ha destacado que “los municipios de Mallorca han sido líderes en la implementación de políticas de economía circular y en la gestión sostenible de los residuos”. Sin embargo, ha advertido que “el cambio impulsado por el Gobierno central supone un riesgo para los logros alcanzados, ya que obliga a los municipios a trasladar el coste completo del servicio de residuos a los ciudadanos”. “Desincentiva el reciclaje porque cualquier mejora en el servicio que quiera hacer un alcalde deberá trasladar el gasto a los vecinos”, ha criticado. 

Bernat Vallori ha señalado que “la imposición del ejecutivo central representa una invasión de las competencias locales y una vulneración de la autonomía municipal, limitando la capacidad de los ayuntamientos para ajustar la política fiscal a las necesidades de sus comunidades y aliviar la carga fiscal”. Por ello, la formación en la institución insular insta a Pedro Sánchez a “reconocer y respetar la autonomía de los municipios para establecer sus propios tributos”.

Asimismo, propone que el Gobierno realice “un estudio exhaustivo para definir el coste real del servicio y desarrolle un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, que ayude a los municipios a cumplir con los objetivos europeos y nacionales de sostenibilidad”.

En conclusión, “desde el PP defendemos la necesidad de apoyar la autonomía municipal y promover una gestión de residuos que sea sostenible y justa, al tiempo que proteja la economía de las familias y las competencias de las instituciones locales”.